El expresidente visitó la Bolsa de Comercio de Rosario junto al gobernador Pullaro y luego asistió a un encuentro de militantes PRO con Scaglia. Busca recuperar el espacio perdido en la Región Centro. Sus duras declaraciones contra Milei sobre el LibraGate.
Por: Redacción / 8 de febrero de 2026
El Senado comenzará este martes la constitución de las comisiones que analizarán dos de los principales proyectos promovidos por la gestión del presidente Javier Milei: la reforma del régimen laboral y la Ley Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad.
El tratamiento se dará en el marco del período de sesiones extraordinarias y marcará el inicio formal del debate legislativo, luego de que la discusión sobre a reforma laboral fuera postergada durante el año pasado. Según lo previsto, el análisis de ambas iniciativas comenzará el 11 de febrero.
El deseo de la Casa Rosada es lograr esa victoria legislativa con velocidad inédita para la media sanción de un proyecto de espesura política como el que se propone modificar las normas que regulan el mundo del trabajo formal.
Ningún otro Gobierno de la democracia que retornó en 1983 logró cambiar estas normativas que tocan poderosos intereses privados y de los sindicatos.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en una etapa de negociación política para reunir apoyos entre los bloques considerados dialoguistas, como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Estas gestiones continúan tras las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y distintos gobernadores.
El proyecto de modernización laboral plantea una revisión integral del marco normativo vigente. Entre sus principales ejes se encuentran la modificación del sistema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de cargas patronales para incentivar el empleo formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, bajo un esquema sin relación de dependencia tradicional.
La iniciativa también propone la implementación de un Banco de Horas, un mecanismo de flexibilidad horaria que permitiría compensar excedentes de jornada en días posteriores, en reemplazo del pago de horas extras.
Desde el sector sindical expresaron un fuerte rechazo al proyecto. Consideran que la reforma “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”, y anunciaron movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes.
En principio, la Casa Rosada estaría de acuerdo en escuchar un reclamo de los gobernadores para evitar que las empresas que contraten nuevos empleados obtengan como beneficio una rebaja en el impuesto a las ganancias. Ocurre que ese tributo es coparticipable y una menor recaudación impactaría sobre las cuentas públicas de sus provincias.
Con ese cambio, si es que finalmente se concreta, el apoyo de los senadores de Tucumán, Salta y Catamarca estarían garantizados. Lo mismo pasaría con los diputados que responden a los mandatarios de esas provincias. Todo puede pasar.
En paralelo, el Senado comenzará a analizar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, y elimina la posibilidad de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de condena.
El texto contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de personas adultas, con límites que podrían alcanzar los 15 años o más, aunque sin cumplirlas en cárceles comunes. Para delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, se priorizarían medidas con un enfoque social y educativo, como la libertad asistida o la realización de tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
Desde La Libertad Avanza sostienen que el objetivo de la iniciativa es poner fin a la denominada “puerta giratoria” y sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que, según el oficialismo, hoy quedan sin condena bajo la legislación vigente.
